Una reforma tributaria debería ser una oportunidad para corregir las desigualdades, distribuir de manera más justa las cargas fiscales y garantizar que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan en mayor proporción. Sin embargo, el llamado “Proyecto de Ley de Rescate Económico”, presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso de la República, parece avanzar en una dirección contraria. Aunque el gobierno plantea recaudar entre 40 y 80 billones de pesos, las medidas propuestas generan una pregunta de fondo: ¿quiénes terminarán pagando el costo de ese rescate?

Uno de los cambios que plantea el proyecto de ley es la modificación del impuesto al patrimonio, con un ajuste central que, en la práctica, representa un alivio fiscal para los contribuyentes de mayores recursos. Las principales modificaciones a este impuesto se encuentran en los artículos 66, 67 y 68. Entre ellas, el cambio al que se le debe prestar especial atención está en el artículo 67, que propone elevar el umbral para ser sujeto pasivo del impuesto, al pasar de las actuales 72.000 UVT ($3.770.928.000) a 95.000 UVT ($5.001.717.000). Es decir, algunas personas que hoy están obligadas a pagar este impuesto dejarían de estarlo. ¿Pero en dónde queda entonces el “rescate económico” y la urgente necesidad de recaudar recursos? ¿Cuánto dejaría de recibir el Estado por este cambio? ¿A quién beneficia realmente este alivio tributario? ¿Qué ingresos reemplazarán el recaudo que se dejaría de percibir?

Pero todo parece tener una respuesta, pues el gobierno propone eliminar la tarifa reducida del 5% que actualmente se aplica a determinados productos de la canasta familiar, llevando a que la mayoría de estos alimentos y productos de consumo cotidiano pasen a tener un IVA del 19%. Algunos de ellos son el café, el azúcar, los aceites comestibles, las pastas, el chocolate de mesa y los quesos, entre otros.

Aunque el gobierno justifica esta medida mediante su mecanismo EfectIVA, por medio del cual se realizaría la devolución del IVA a 35,2 millones de personas, con una devolución del 100% para los estratos 1, 2 y 3, y del 50%, 40% y 30% para los estratos 4, 5 y 6, respectivamente, en la práctica, su funcionamiento plantea varios interrogantes. Por ejemplo, una persona que acude a una tienda y compra productos para su consumo pagaría el IVA del 19%, pero el gobierno se comprometería a devolverle el 100% de ese impuesto, siempre que cumpla con las condiciones establecidas. El problema está en que el establecimiento donde realice la compra debe generar factura electrónica y la persona debe contar con RUT y una cuenta bancaria en la que el gobierno pueda efectuar la devolución.

Sin embargo, parece que al gobierno se le olvida la realidad del país, pues en 2025 cerca de 9 de cada 10 micronegocios presentaron algún grado de informalidad empresarial multidimensional1. ¿Cómo funcionaría este mecanismo para las personas que compran y venden estos alimentos a través de pequeños negocios? ¿La devolución del IVA se realizará directamente a los consumidores? ¿Cómo se evitará que el impuesto termine trasladándose nuevamente al precio de venta de los productos? Esto implica un riesgo importante, los hogares de menores ingresos que compran en tiendas de barrio y plazas de mercado podrían terminar pagando el IVA sin recibir la devolución, mientras que el mecanismo favorecería, en términos operativos, a los establecimientos que sí cuentan con facturación electrónica. Además, la devolución del IVA tendría un límite máximo mensual de 5,5 UVT por beneficiario, lo que equivaldría a cerca de $288.000 a $300.000 pesos colombianos.

Así mismo, si bien Colombia ha avanzado en la bancarización de las personas, la realidad es que el 70%2 de las transacciones se siguen haciendo en efectivo, lo que demuestra que el sistema financiero sigue teniendo retos. Así mismo, es importante reconocer la brecha en terminos de bancarización que existe en las zonas rurales. Por lo tanto, previo a la implementación de la medida debe existir un periodo de transición e identificación de la efectividad real de la propuesta. 

Hay otro punto que merece especial atención y es la dimensión laboral, ya que el proyecto de ley presenta varias medidas que, en conjunto, encarecen la contratación formal. Especialmente, el artículo 20, que propone modificar el artículo 114-1 del Estatuto Tributario y establecer que las personas que ganen más de 2 SMLMV deben realizar aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud. Este cambio tendría un impacto significativo, pues para los trabajadores que devengan más de 3 salarios mínimos, las modificaciones podrían representar un incremento de hasta el 13,5 % en los costos empresariales por estos conceptos.

De igual manera, la cotización al sistema de salud también cambia de manera significativa, ya que el diseño de las nuevas tarifas genera un efecto distorsionante sobre los ingresos de las y los trabajadores. Según un análisis de la firma Crowe Co., un trabajador que gana exactamente dos salarios mínimos ($3.501.810) recibe $3.221.665 netos después de los descuentos. Sin embargo, si su salario aumenta apenas un peso ($3.501.811), su descuento de salud pasa del 4% al 5,5%, aplicado sobre la totalidad del salario y no solamente sobre el excedente. El resultado es que su ingreso neto cae a $3.169.139, lo que representa una pérdida de $52.526 mensuales, a pesar de haber recibido un aumento salarial.

Por su parte, desde ANIF se realizó una estimación del efecto de los nuevos aportes a salud y los cambios tributarios sobre los ingresos de los trabajadores. El cálculo muestra que la reducción del ingreso mensual comienza a partir de salarios de $4.000.000, como se presenta a continuación:

Salario mensual Reducción estimada del ingreso neto
$2.000.000 $0
$3.000.000 $0
$4.000.000 -$60.000
$5.000.000 -$75.000
$10.000.000 -$419.000
$25.000.000 -$969.000

Fuente: Elaboración propia. Información cálculo de José Ignacio López (ANIF) sobre el texto radicado, con UVT y salario mínimo de 2026.3

Con lo mencionado anteriormente, se observa que la combinación de estas medidas configura un sistema tributario que, en su conjunto, resulta profundamente regresivo, pues termina castigando principalmente a la clase media y a la clase trabajadora. A esto se suma el alivio a la carga del capital mediante la reducción de la tarifa de renta corporativa del 35% al 31% para 2028 y la elevación del umbral del impuesto al patrimonio, beneficios que se concentran, en gran medida, en los sectores de mayores ingresos.

Es decir, que, en lugar de exigir una mayor contribución a quienes tienen mayor capacidad económica, se traslada la carga hacia el consumo, que es regresivo por naturaleza porque afecta proporcionalmente más a quienes tienen menores ingresos, hacia el trabajo formal, mientras se alivian las rentas del capital. Esto podría profundizar aún más la desigualdad, una situación especialmente preocupante si se tiene en cuenta que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo.

Por esto, cuando se habla de justicia social y progresividad tributaria, se encuentra una contradicción de fondo. Un sistema tributario progresivo exige que la carga aumente de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente. Sin embargo, en el caso del Proyecto de Ley de Rescate Económico ocurre lo contrario, se reduce la carga tributaria sobre el patrimonio y la renta corporativa de los sectores más ricos, mientras se grava el consumo de bienes esenciales y se incrementan las cotizaciones que afectan a la clase media asalariada.

El tinte social del proyecto se presenta principalmente a través de EfectIVA, pero este mecanismo termina siendo un parche que no resuelve el problema de fondo. Su dependencia de la facturación electrónica y de las condiciones administrativas que deben cumplir los beneficiarios, sumada a su carácter de transferencia monetaria, no cambia la naturaleza regresiva del IVA; apenas intenta mitigar sus efectos en un segmento de la población, con un resultado que todavía genera incertidumbre.

En definitiva, desde una perspectiva económica, laboral y de justicia social, el Proyecto de Ley de Rescate Económico presenta una profunda contradicción entre sus objetivos declarados y su diseño real. En lo económico, se reconoce que el ajuste fiscal es necesario, pero su estructura regresiva puede terminar frenando el crecimiento al afectar el consumo de los hogares y desincentivar la formalización laboral. En lo laboral, se encarece la contratación formal y se reduce el ingreso neto de los trabajadores de clase media, precisamente cuando el país necesita generar más empleo y fortalecer el poder adquisitivo de la población. En lo social y tributario, se desaprovecha la oportunidad de construir un sistema más justo, pues se alivia la carga a los patrimonios más altos y se traslada el peso del ajuste al consumo y al trabajo, contradiciendo los principios de equidad y progresividad.

Con esto, desde el Centro de Pensamiento del Partido Alianza Verde expresamos nuestra preocupación, pues el rescate económico no puede convertirse en un rescate del statu quo. Y sí, reconocemos que es necesario realizar un ajuste fiscal, pero este debe ser progresivo, justo y coherente; debe exigir más a quienes más tienen, proteger la canasta familiar y evitar que se castigue el empleo formal y a las pequeñas y medianas empresas.

De igual modo, planteamos una pregunta de fondo, si el gobierno reduce la inversión pública y, simultáneamente, disminuye la capacidad de gasto de los hogares y las empresas, ¿qué sucede con la economía? ¿Podría entrar en un proceso de desaceleración? ¿Estaríamos frente a un ajuste fiscal que, en lugar de resolver los problemas económicos del país, termine profundizándolos?

Centro de Pensamiento

1 Equipo de investigación de ANIF. (2026). La informalidad empresarial persiste con amplias diferencias sectoriales. ANIF – Centro de Pensamiento Económico.

https://anif.com.co/comentario-economico/la-informalidad-empresarial-persiste-con-amplias-diferencias-sectoriales/

2 https://www.larepublica.co/finanzas-personales/colombia-esta-entre-los-paises-que-mas-realizan-pagos-en-efectivo-a-nivel-mundial-4367068 

3 ANIF – Centro de Pensamiento Económico.

https://anif.com.co/