¿Qué implicaciones tiene el Proyecto de Ley de Rescate Económico para la protección ambiental y la transición energética en Colombia? Desde una perspectiva socioambiental, su articulado plantea interrogantes sobre la destinación del impuesto al carbono, los incentivos tributarios a las tecnologías limpias y la continuidad de los instrumentos económicos para reducir la contaminación.
Iniciamos poniendo la lupa a la reducción del beneficio tributario por carbono neutro. Actualmente, las empresas que certifican su condición de carbono neutro pueden acceder a una reducción de hasta el 50% del impuesto al carbono. Sin embargo, el proyecto de ley propone reducir ese límite al 25%. Esta modificación podría reducir el incentivo económico para que las empresas financien proyectos de compensación de emisiones mediante el mercado de carbono. Aunque la reducción del beneficio busca fortalecer la señal de precio del impuesto, también es necesario evaluar sus posibles efectos sobre la financiación de proyectos de mitigación y las comunidades que dependen de estas iniciativas. Por ello, cabe preguntarse: ¿existe una evaluación del impacto ambiental, económico y fiscal de reducir el límite de no causación del 50% al 25%?
Por otro lado, se propone la creación del Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (FONSUREC). El problema reside en que esta medida modifica la destinación específica de los recursos del impuesto al carbono. Actualmente, una parte de su recaudo tiene destinaciones relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz y la protección ambiental. Sin embargo, el proyecto elimina el 80% de esa destinación específica y crea el FONSUREC, sin garantizar un porcentaje fijo de los recursos para su financiación.
Esto representa un riesgo enorme, pues el impuesto al carbono debería cumplir un doble propósito, desincentivar las emisiones contaminantes y financiar la transición energética. Los recursos deben tener destinación específica con enfoque territorial, priorizando los municipios PDET y las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y rezago ambiental de los territorios, así cómo, en inversiones de energías renovables y otras iniciativas que permitan avanzar hacia modelos de producción más sostenibles. La creación del FONSUREC abre interrogantes sobre los criterios de asignación, distribución y ejecución de sus recursos. El proyecto no establece un porcentaje mínimo de financiación que garantice la continuidad de las inversiones ambientales y climáticas. Por esto, resulta necesario incorporar criterios de destinación específica, transparencia y equidad territorial, priorizando los municipios PDET y aquellos con mayores índices de pobreza multidimensional, vulnerabilidad socioambiental y rezago ambiental. Igualmente, los recursos deberían contribuir a financiar proyectos de restauración ecológica, protección del agua, energías renovables y adaptación al cambio climático.
Además, la propuesta contempla que el FONSUREC cuente con un consejo directivo y un director ejecutivo, y que se contrate una sociedad fiduciaria, a través del Ministerio de Ambiente, para administrar sus recursos. Aquí encontramos otra contradicción, pues uno de los principales argumentos del Gobierno para presentar este proyecto de ley es la necesidad de reducir el gasto público y disminuir el tamaño del Estado. Sin embargo, la propuesta contempla una estructura de administración para el nuevo patrimonio autónomo, que incluye un consejo directivo, un director ejecutivo y la contratación de una sociedad fiduciaria. Esto plantea interrogantes sobre los costos administrativos y operativos del fondo y sobre los criterios de eficiencia que orientarán su funcionamiento.
Claramente, esto genera interrogantes frente a la coherencia de su discurso. ¿La reducción del Estado realmente responde a criterios de eficiencia y austeridad o termina concentrándose en la eliminación de determinados cargos y dependencias, mientras se crean nuevas estructuras administrativas? ¿O es que solo les interesa reducir el Estado cuando se trata de los cargos que propenden por la justicia social y la paz mientras se mantienen o crean espacios de poder para unos pocos?
Ahora, es pertinente analizar el caso de los paneles solares y los vehículos eléctricos, cuyos cambios tributarios no son tan evidentes en el proyecto de ley, pues no se identifican fácilmente en el articulado relacionado con la transición energética, sino que aparecen en la parte final a través de modificaciones y derogaciones del Estatuto Tributario.
En el caso de los vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas, la modificación se encuentra en el artículo 106 del proyecto de ley, mediante el cual se propone derogar el artículo 468-1 del Estatuto Tributario. ¿Qué contemplaba este artículo? Una tarifa reducida del 5% del IVA para determinados vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas y algunos de sus componentes, como motores, baterías y cargadores. La consecuencia es significativa, pues al eliminarse esta tarifa preferencial, los bienes afectados pasarían a estar gravados con la tarifa general del 19%, lo que representa un incremento de 14 puntos porcentuales en el IVA para quienes los adquieran. Esta modificación reduce el incentivo tributario asociado a la adquisición de determinadas tecnologías de movilidad eléctrica. Aunque el Gobierno argumenta que el beneficio puede tener efectos regresivos por concentrarse en hogares de mayores ingresos, resulta necesario evaluar si la eliminación de la tarifa preferencial también puede afectar el acceso a alternativas de movilidad eléctrica de menor costo, como las bicicletas y motocicletas eléctricas.
Con respecto a los paneles solares, el cambio se plantea mediante la modificación del artículo 477 del Estatuto Tributario, contemplada en el artículo 46 del proyecto de ley. La nueva redacción no incluye a los equipos destinados a la generación de energía solar dentro de los bienes que conservan el tratamiento tributario preferencial. Además, en la página 92 de la exposición de motivos se confirma esta intención al señalar que se propone gravar con la tarifa general del 19% los equipos para la generación de energía solar. Esto quiere decir que los bienes que actualmente cuentan con un tratamiento especial pasarían a estar gravados con IVA del 19%, de acuerdo con las condiciones y la entrada en vigencia previstas en la propuesta.
Ante estas medidas, el argumento del Gobierno es que los beneficios tributarios eran regresivos, pues los paneles solares y los carros eléctricos son bienes de alto costo a los que principalmente pueden acceder los hogares de mayores ingresos. Pero entonces, ¿qué justificación utiliza para retirar también los beneficios a las bicicletas y motocicletas eléctricas, que representan alternativas de movilidad más accesibles para muchas familias colombianas? ¿Acaso estas tecnologías tampoco deberían contar con incentivos para facilitar su adquisición y promover formas de transporte menos contaminantes?
Es paradójico que se invoque la regresividad para justificar la eliminación de beneficios tributarios a los vehículos eléctricos, pero no se aplique el mismo criterio al analizar los cambios propuestos al impuesto al patrimonio. La regresividad no puede ser un argumento selectivo: merece analizarse con el mismo rigor en todas las medidas tributarias. Este será un asunto que desarrollaremos en la siguiente columna de opinión.
Estas medidas representan un freno a la transición energética que Colombia y el mundo han venido adelantando. El calentamiento global no es una discusión ideológica, es una realidad que exige decisiones públicas responsables y acciones concretas para reducir las emisiones y transformar nuestros modelos de producción y consumo.
Aunque parece que el calentamiento global y el cambio climático no son una prioridad para el Gobierno nacional, ya que otra de sus propuestas apunta a derogar los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 2277 de 2022, así como el numeral 11 del artículo 643 del Estatuto Tributario. Estas disposiciones establecieron el impuesto a los productos plásticos de un solo uso, una iniciativa Verde impulsada desde una apuesta ambiental que buscaba reducir la contaminación generada por productos diseñados para utilizarse una sola vez y que, en muchos casos, tienen una vida útil de apenas unos minutos.
El argumento del Gobierno es que la implementación del impuesto ha presentado dificultades operativas y que sus costos administrativos superan el recaudo obtenido. Sin embargo, eliminarlo implica un retroceso, suprimirlo significa retirar una señal económica que busca que quienes producen y utilizan estos materiales asuman parte de los costos ambientales que generan. Además, aunque el Gobierno pueda argumentar que la Ley 2232 de 2022 establece la eliminación gradual de determinados productos plásticos de un solo uso, esta medida no sustituye el incentivo económico que representa el impuesto para promover que las empresas migren hacia materiales reutilizables, reciclables o biodegradables.
Esta decisión resulta especialmente contradictoria cuando se revisa la magnitud del problema de contaminación por plásticos en Colombia. Según Greenpeace, cada colombiana y colombiano consume alrededor de 24 kilos de plástico al año y, de ese consumo, al menos el 56% corresponde a plásticos de un solo uso. Además, menos del 20% de estos materiales se recicla, mientras el resto termina acumulándose en vertederos y en ecosistemas naturales como ríos, quebradas y océanos. De hecho, los ríos Magdalena y Amazonas se encuentran entre los 20 ríos más contaminados por plásticos del mundo.
Es decir, al revisar estas disposiciones encontramos una contradicción de fondo en la orientación ambiental del proyecto de ley. Por un lado, el Gobierno busca utilizar el impuesto al carbono como una fuente de recaudo, pero flexibiliza la destinación de sus recursos y debilita los incentivos para que las empresas compensen sus emisiones. Por otro, propone gravar con IVA del 19% tecnologías como los paneles solares y los vehículos eléctricos, encareciendo su adquisición, y elimina el impuesto a los plásticos de un solo uso, retirando un instrumento económico que buscaba desincentivar su consumo1.
El problema, entonces, no es únicamente que el proyecto de ley tenga efectos sobre determinados beneficios tributarios. Es que, en nombre del rescate económico, el Gobierno parece estar sacrificando herramientas que contribuyen a enfrentar una de las mayores crisis de nuestro tiempo, la crisis climática y ambiental. Si realmente se busca sanear las finanzas públicas, ¿por qué hacerlo debilitando los incentivos para la transición energética, encareciendo las tecnologías limpias y retirando instrumentos para reducir la contaminación?
Un proyecto de ley orientado al rescate económico no debería comprometer los instrumentos que el país ha construido para enfrentar la crisis climática y ambiental.
La sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad ambiental no son objetivos opuestos: deben avanzar de manera articulada. La discusión no puede limitarse a cuánto recaudo adicional pueden generar estas modificaciones o cuánto gasto público permiten reducir. También debe considerar sus efectos sobre la transición energética, la protección de los ecosistemas, la financiación de proyectos de mitigación y las condiciones de vida de las comunidades y territorios más vulnerables.
Desde el Centro de Pensamiento del Partido Alianza Verde consideramos necesario que las decisiones fiscales incorporen criterios de justicia ambiental y equidad territorial. Esto implica garantizar que los recursos destinados a la acción climática lleguen también a los municipios PDET y a los territorios con mayores brechas sociales y ambientales.
Porque el rescate de las finanzas públicas no puede construirse a costa de debilitar las condiciones ambientales, sociales y territoriales que hacen posible el desarrollo del país y el bienestar de las futuras generaciones.
Centro de Pensamiento
1 Castro, M. (2026). Día Mundial Sin Bolsas Plásticas: cifras del consumo de plástico en Colombia, desafíos y soluciones – Greenpeace Colombia. Greenpeace Colombia.



