Desde el sábado 19 de septiembre de 2026 se registra un incendio forestal de gran magnitud en el cerro San Marcos y la vereda La Castellana, en Villa de Leyva, Boyacá. Según el reporte oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia ha afectado cerca de 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 715 corresponden al Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Este Santuario protege 6.889 hectáreas de páramo y es el área del Sistema de Parques que más acueductos abastece en el país¹. La afectación de 715 hectáreas representa el 10,41% de su territorio, un golpe irreversible para un ecosistema estratégico de bosque altoandino y lagunas de origen glaciar².

A pesar de que el gobierno declaró el incendio controlado en un 75% y desplegó 250 personas en terreno con tres helicópteros, el fuego ha seguido avanzando rápidamente debido a las condiciones del terreno y los vientos fuertes, llevando a que municipios como Chíquiza y Sáchica se vean afectados.

Sin embargo, la emergencia de Villa de Leyva no ocurre en el vacío, ocurre en el marco de un proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 que reduce drásticamente los recursos del sector ambiental. El gobierno de Abelardo de la Espriella asignó 790 mil millones de pesos al Ministerio de Ambiente para 2027, frente a los 1,24 billones que había destinado el gobierno anterior para 2026³.

El dato más crítico es la composición del recorte, pues los gastos de funcionamiento —nómina, oficinas, pólizas— se mantienen prácticamente intactos, mientras que la inversión, es decir, los programas y proyectos ambientales, se redujo en más de la mitad (-53%), pasando de 867 mil millones a 406,8 mil millones. Las principales reducciones se dieron en:⁴

• Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos: -57%
• Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector ambiente: -57%
• Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos: -52%
• En términos prácticos, el gobierno mantiene la burocracia pero desfinancia la acción.

Por otro lado, la situación de la UNGRD resulta especialmente preocupante. De acuerdo con el análisis de la Contraloría General de la República sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, la entidad tendría una reducción del 88,5% en sus recursos, al pasar de $7,05 billones en 2026 a $812.544 millones en 2027. El organismo de control también advirtió que el proyecto presenta una brecha de financiación de $30,2 billones y señaló que el mayor crecimiento del gasto corresponde al servicio de la deuda, que aumenta 17,5%, mientras que la inversión y el funcionamiento apenas crecen 0,5%⁵. En otras palabras, mientras el país destina cada vez más recursos a pagar deudas, recorta drásticamente la entidad que debería protegerlo de los desastres.

Y lo hace en el peor momento posible, pues el país enfrenta una temporada de incendios sin precedentes —entre el 16 de junio y el 6 de agosto de 2026 se registraron 438 incendios forestales en 191 municipios, con una afectación de 7.153 hectáreas⁶— y al mismo tiempo el gobierno plantea recortar en un 88,5% la entidad responsable de coordinar la respuesta a esas emergencias. El contexto agrava aún más la situación, ya que el IDEAM ha advertido que el fenómeno de El Niño, ya presente en el territorio, tiene una probabilidad del 75% de convertirse en el más intenso registrado desde 1950, con una probabilidad superior al 90% de alcanzar intensidad “muy fuerte” durante el último trimestre de 2026 y el primero de 2027⁷. La Procuraduría General de la Nación ya advirtió sobre la llegada del «Súper Niño» a finales de este año⁸, y la Defensoría del Pueblo alertó que este fenómeno se reflejará en «un aumento crítico de los incendios forestales, intensas sequías, golpes de calor y escasez de agua»⁹. Expertos como Alejandra Palacios, de la Universidad Nacional, señalan que aunque «El Niño por sí solo no genera el fuego», sí «crea las condiciones ambientales ideales para que las conflagraciones sean más frecuentes y complejas de manejar»¹⁰. Es decir, el gobierno no solo está recortando la capacidad de respuesta ante una emergencia ya declarada, sino que lo hace justo cuando el país se prepara para enfrentar el peor escenario climático de las últimas décadas.

Frente a este panorama, el discurso oficial suena vacío. El presidente Abelardo de la Espriella declaró durante la emergencia: “Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural”. Sin embargo, la coherencia entre el discurso y el presupuesto es nula, puesto que, mientras el gobierno destina recursos de emergencia para apagar el fuego, al mismo tiempo, recorta estructuralmente las herramientas para prevenir y gestionar el riesgo de desastres.

Las consecuencias de este recorte son:¹¹

• Menos capacidad de prevención: La reducción del 52% en conservación de biodiversidad y del 57% en fortalecimiento de la gestión institucional ambiental significa menos monitoreo, menos vigilancia y menos prevención de incendios.
• Menos capacidad de respuesta: La UNGRD, con un 88,5% menos de recursos, difícilmente podrá coordinar eficazmente la atención de emergencias en un país donde los incendios forestales aumentan cada año.
• Pérdida irreversible de ecosistemas estratégicos: El Santuario de Iguaque no solo alberga biodiversidad única; es fuente de agua para múltiples acueductos. Su degradación afecta directamente la seguridad hídrica de la región.
• Contradicción fiscal: Mientras el gobierno recorta la inversión ambiental, el servicio de la deuda crece un 17,5%. El país destina más recursos a pagar deudas que a proteger su capital natural.

Por eso, más que preguntarnos únicamente cuánto se anuncia para el sector ambiental, resulta necesario examinar cuánto está efectivamente disponible para prevenir riesgos, conservar ecosistemas estratégicos, fortalecer las capacidades institucionales, territoriales y responder ante emergencias. También es necesario conocer cómo se articulan las diferentes fuentes de financiación y qué resultados concretos se esperan de ellas.

Lo ocurrido en Villa de Leyva muestra una dimensión del problema que suele quedar relegada cuando la emergencia ya comenzó. Una vez que el fuego avanza, la respuesta exige maquinaria y personal especializado, equipos, combustible, logística y coordinación institucional. Pero esas capacidades deben existir antes de que ocurra el incendio, la prevención debe comprender acciones tan diversas como el monitoreo de las condiciones ambientales, la vigilancia de áreas protegidas, el manejo de combustibles vegetales, la preparación de las comunidades, la planificación territorial y el fortalecimiento de los organismos de socorro. Ninguna de ellas evita por sí sola un incendio, pero en conjunto pueden reducir la exposición y mejorar la capacidad de respuesta.

En el caso del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, además, el problema trasciende la pérdida de cobertura vegetal. El Santuario cumple funciones fundamentales para la regulación hídrica y el abastecimiento de agua de las poblaciones cercanas. Por ello, la recuperación de las áreas afectadas tendrá que considerar no solo la superficie quemada, también los procesos ecológicos que pueden verse alterados y el tiempo que requiere su restauración. Un ecosistema de alta montaña no se recupera al mismo ritmo que una obra de infraestructura. La pérdida de biodiversidad, suelo, cobertura vegetal y capacidad de regulación hídrica puede prolongarse mucho más allá del momento en que las autoridades declaran extinguido el incendio.

En ese sentido, el debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027 merece especial atención. Las cifras del proyecto muestran reducciones importantes en la inversión ambiental y en el presupuesto proyectado para la UNGRD, al mismo tiempo que el país enfrenta una temporada de incendios que ya ha dejado cientos de emergencias registradas.

La pregunta no es si el gobierno puede apagar el incendio de Villa de Leyva. La pregunta es: ¿cuántos incendios más tendrán que ocurrir para que el gobierno entienda que la prevención es más barata que la emergencia? El presupuesto de 2027 responde esa pregunta con un silencio ensordecedor.

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