Durante los últimos días circularon rumores sobre un posible aplazamiento de la final del Mundial de Fútbol 2026, la razón no fue por un problema de seguridad o de logística, de hecho, estuvo ligada a las condiciones climáticas en Nueva Jersey, sede del encuentro, como consecuencia del humo proveniente de los incendios forestales en Canadá y que afectó la calidad del aire en amplias zonas del noreste de Estados Unidos, al punto de poner sobre la mesa la posibilidad de modificar el desarrollo del evento deportivo más importante del planeta.

Pero, mientras la atención estaba puesta en el Mundial, aquí en nuestro territorio, en Colombia, ocurría una situación similar, aunque con mucha menos visibilidad. Durante esos mismos días, el Área Protegida Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS), en el departamento del Magdalena, enfrentó un nuevo incendio forestal que consumió cerca de 90 hectáreas y deterioró la calidad del aire en Barranquilla. La diferencia entre ambos casos no fue el impacto ambiental, sino la atención que recibieron, pues el posible cambio de fecha de un partido de fútbol movilizó titulares internacionales; en cambio, el deterioro de uno de los ecosistemas más importantes del Caribe colombiano apenas ocupó algunos espacios en la agenda nacional.

Esa comparación conduce a una pregunta incómoda: ¿por qué seguimos reaccionando con mayor rapidez cuando una emergencia ambiental afecta un gran espectáculo deportivo que cuando amenaza un ecosistema estratégico del país? El humo que llegó a Nueva Jersey y el que cubrió Barranquilla tienen un mismo trasfondo: un clima cada vez más extremo y territorios cuya capacidad de resistir esas condiciones se ha ido debilitando con el paso de los años.

Pero reducir lo ocurrido en la Vía Parque Isla de Salamanca exclusivamente al cambio climático sería simplificar un problema mucho más profundo. El incendio de julio no representa un hecho aislado, es un episodio más de una crisis que lleva más de una década repitiéndose. Desde 2013 se han documentado incendios en el parque, de hecho, solo entre ese año y 2020 se registraron más de 80 eventos. En agosto de 2020 el fuego consumió alrededor de 135 hectáreas, incluidas 16 hectáreas de manglar, mientras que en 2024 otro incendio permaneció activo durante nueve días antes de ser controlado. Cada temporada seca parece traer la misma escena: humo sobre Barranquilla, operativos para extinguir las llamas, declaraciones institucionales y un despliegue de recursos para contener la emergencia. Sin embargo, una vez desaparece el fuego, también desaparece el debate y la discusión pública.

Las pérdidas van mucho más allá de las hectáreas quemadas

El Área Protegida Vía Parque Isla de Salamanca constituye uno de los complejos estuarinos ¹ más importantes del Caribe colombiano. Sus aproximadamente 12.000 hectáreas de manglar conectan la Ciénaga Grande de Santa Marta con el río Magdalena, regulan procesos hidrológicos fundamentales, almacenan carbono, amortiguan tormentas, filtran contaminantes y sostienen una enorme diversidad biológica. En este ecosistema se han registrado cerca de 195 especies de aves, 33 de mamíferos, 35 de anfibios y reptiles y alrededor de 140 especies de peces. No es casualidad que, junto con la Ciénaga Grande de Santa Marta, haya sido reconocido como Sitio Ramsar y Reserva de la Biósfera por la UNESCO, es decir que, es un territorio reconocido internacionalmente por su importancia ecológica, hídrica y cultural.

Además, su importancia trasciende la biodiversidad, alrededor de cinco mil familias dependen indirectamente de la productividad pesquera asociada al manglar. Cada incendio reduce esa capacidad ecológica, deteriora la calidad del aire, afecta la salud de las poblaciones cercanas, impacta la economía y disminuye la resiliencia de un sistema natural que cumple funciones esenciales para toda la región Caribe.

Precisamente ahí radica uno de los principales problemas: cuando el debate público se concentra únicamente en el humo que llega a Barranquilla, termina invisibilizando el deterioro progresivo del ecosistema que produce esos servicios ambientales. Nos preocupa el incendio cuando afecta nuestra cotidianidad, pero pocas veces cuando destruye silenciosamente un patrimonio natural irreemplazable.

Analizando más a fondo

Las condiciones climáticas ayudan a explicar parte del fenómeno, pero no toda la historia. Según Parques Nacionales Naturales, el incendio más reciente estaría asociado a las altas temperaturas registradas en la región. Aunque, se ha demostrado que la recurrencia de estos eventos demuestra que el clima, por sí solo, no explica lo que ocurre en la Vía Parque Isla de Salamanca. Investigaciones adelantadas durante los últimos años han identificado causas relacionadas con actividades humanas como la producción ilegal de carbón vegetal, la cacería furtiva, el abandono de fogatas y la quema de pastizales para actividades agropecuarias. En 2024, por ejemplo, dos personas fueron capturadas tras reconocer su participación en la quema de madera destinada a la producción de carbón.

A estas actividades se suman procesos de mayor escala que suelen pasar desapercibidos: la expansión de la frontera agrícola, la transformación del uso del suelo, la fragmentación del hábitat y las alteraciones históricas de la dinámica hidrológica del parque. De igual modo, la construcción de infraestructura vial modificó la conexión natural entre el río Magdalena, la Ciénaga Grande y los caños del sistema, favoreciendo el aumento de la salinidad y la pérdida progresiva del manglar. ¿El resultado? es un ecosistema cada vez más frágil, donde cualquier fuente de ignición encuentra condiciones propicias para convertirse en un incendio de gran magnitud.

¿Y si se actúa a tiempo?

La discusión no debería limitarse a identificar quién inició el fuego, debería ir más allá, a comprender por qué existen las condiciones para que estos incendios se repitan año tras año. Concentrar toda la atención en el autor material puede aliviar por un momento la necesidad de encontrar responsables, pero deja intactas las dinámicas territoriales, económicas e institucionales que mantienen el problema.

La respuesta institucional tampoco ha estado exenta de dificultades. Aunque el parque se encuentra completamente dentro del departamento del Magdalena, los impactos ambientales alcanzan directamente a Barranquilla y otros municipios del Atlántico. Esto genera una fragmentación administrativa que dificulta la coordinación entre las entidades responsables. Parques Nacionales Naturales y Corpamag tienen la competencia formal sobre el área protegida, cada incendio obliga a instalar un Puesto de Mando Unificado con múltiples instituciones, pero la gestión continúa siendo predominantemente reactiva.

En 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó a Parques Nacionales, al Ministerio de Ambiente y a Corpamag diseñar un plan estratégico para reducir a cero la deforestación dentro del parque y establecer un comité permanente de seguimiento. Más allá de las acciones desarrolladas desde entonces, los incendios continúan ocurriendo con una frecuencia que obliga a preguntarse si las medidas adoptadas han logrado intervenir las causas estructurales del problema o si, por el contrario, seguimos respondiendo emergencia tras emergencia.

Quizá esa sea la principal lección que deja la comparación con el Mundial. Mientras el humo amenazó un partido de fútbol, la preocupación fue inmediata y global. En el Área Vía Parque Isla de Salamanca, en Barranquilla y en otros lugares cercanos, en cambio, el humo aparece todos los años y parece haberse convertido en parte del paisaje. La repetición ha producido un efecto peligroso, el de la normalización.

Lo verdaderamente alarmante no es que el parque vuelva a incendiarse, es que cada nuevo incendio ya no sorprende a nadie. Nos hemos acostumbrado a medir el problema por la cantidad de humo que llega a las ciudades y no por la pérdida silenciosa de un ecosistema que regula el clima, protege la biodiversidad y sostiene los medios de vida de miles de personas. Conservar la Vía Parque Isla de Salamanca no consiste únicamente en apagar incendios cuando aparecen. Significa recuperar la capacidad de prevenirlos, fortalecer la gobernanza ambiental, intervenir las presiones que degradan el territorio y asumir que un ecosistema reconocido internacionalmente por la Convención Ramsar y la UNESCO no puede seguir dependiendo de respuestas de emergencia. Mientras las causas estructurales permanezcan intactas, cada temporada seca volverá a plantearnos la misma pregunta y, el verdadero fracaso no será el incendio, sino haber aceptado que ocurra una y otra vez.

Juan Sebastian Rosero – Líder Verde
Catalina Castiblanco – Centro de Pensamiento Verde