El mercurio en la minería artesanal del oro en Colombia
mayo 29, 2026
El nuevo modelo socioeconómico y la defensa de la vida en las regiones
Colombia se encuentra ante un giro político y económico de profundas magnitudes estructurales que redefine por completo su modelo de desarrollo económico y gobernanza ambiental. La reciente transición del poder, que sitúa en la Presidencia de la República a Abelardo de la Espriella como el máximo líder de la derecha radical y la ultraderecha, marca una ruptura con la línea de gobierno progresista de Gustavo Petro y la continuidad que representaba la propuesta de Iván Cepeda. Este cambio ocurre justo cuando el país celebra las cifras de pobreza más bajas de toda su historia: la pobreza multidimensional bajó al 9,9% y la monetaria al 28%1. Estos logros sociales, se dieron gracias a una agenda de 4 años que priorizó la justicia económica, social y ambiental.
Para entender la diferencia de estas dos visiones de desarrollo, es indispensable analizar las bases lógicas con las que opera la administración entrante. Mientras los sectores alternativos y la línea Verde unieron la defensa de la sociedad con el cuidado de la tierra, bajo la premisa de que el bienestar de las comunidades es inviable si se destruye la base natural, la derecha radical implementará una política fundamentada en una mirada estrictamente utilitarista de la naturaleza. Para el nuevo gobierno, la biodiversidad y las fuentes hídricas son asumidas principalmente como un inventario de recursos disponibles para robustecer la economía de mercado, tal como se muestra en su programa de gobierno2. Desde su perspectiva, actividades de alto impacto como la reactivación intensiva de sectores extractivos (minería y petróleo) y el despliegue de esquemas piloto de fracking son vistas como herramientas legítimas para acelerar el Producto Interno Bruto (PIB), generar recursos fiscales rápidos y atraer inversión extranjera, omitiendo el deterioro a largo plazo de nuestro capital natural, lo que a hoy nos posiciona como el segundo país más megadiverso del planeta, albergando cerca del 10% de la biodiversidad mundial y destacando como uno de los diez países con mayores reservas de agua dulce del mundo3.
El gobierno entrante, prevé un incremento en los ingresos fiscales corrientes y flujos estables para el Sistema General de Regalías (SGR)4, lo que otorga un margen de maniobra al Ministerio de Hacienda para cumplir las metas de la Regla Fiscal y estabilizar el endeudamiento. La simplificación de trámites y licencias ambientales busca dinamizar la Inversión Extranjera Directa tradicional, lo que plantea una fachada internacional interesante.
Este impulso por acelerar los indicadores económicos esconde una trampa política y fiscal muy riesgosa, puesto que el nuevo gobierno opera bajo una gran presión política y social de mostrar un éxito fiscal y económico inmediato dentro de su periodo de 4 años, permitiéndole mostrar cifras de crecimiento que legitimen sus propuestas ante la opinión pública antes de terminar su mandato. Sin embargo, este crecimiento superficial es insostenible. Al profundizar la dependencia histórica de los hidrocarburos, la economía colombiana se expone nuevamente a la volatilidad de los precios internacionales.
Para el caso Colombiano específicamente, plantear el crecimiento medido exclusivamente por el PIB es insuficiente si destruye el capital natural, generando costos de oportunidad irremediables para las futuras generaciones: la riqueza inmediata derivada de la explotación petrolera o minera puede verse anulada por los costos futuros de la no remediación ambiental y la pérdida de productividad total en sectores como el agropecuario, el turismo de naturaleza y la industria local.
Es fundamental precisar que las consecuencias de esta ofensiva política económica no se sentirán en las zonas urbanas del centro del país, puesto que estas gozan de una posición de privilegio donde sus dinámicas de empleo y servicios no dependen directamente de la remoción de tierras ni de la alteración de cuencas hídricas. Las verdaderas y principales afectaciones de la nueva propuesta extractivista se verán reflejadas en las regiones y sus habitantes, la Colombia rural y las comunidades campesinas y étnicas que custodian el agua y los ecosistemas estratégicos. Al flexibilizar los permisos ambientales para acelerar los proyectos, el nuevo gobierno condena a las provincias a absorber los costos de la contaminación y la destrucción de los ecosistemas, debilitando economías agrarias locales y dejando semillas de una exclusión que pagará la población regional con la pérdida de sus entornos de vida.
Uno de los mayores obstáculos institucionales y jurídicos que enfrentará la agenda extractiva del presidente electo radica en la Constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La intención del ejecutivo de agilizar artificialmente las consultas previas para destrabar proyectos minero-energéticos generará un choque directo con la Corte Constitucional, la cual protege este mecanismo como un derecho fundamental autónomo de los pueblos étnicos. Igualmente, la resistencia del nuevo gobierno para aplicar estándares internacionales de acceso a la información, como el Acuerdo de Escazú 5 e imponer agendas extractivas sin consensos territoriales, deteriorará la gobernanza ambiental frente a los ambientalistas, líderes indígenas y activistas.
Ante este panorama, desde el Centro de Pensamiento de la Alianza Verde fungimos como puente institucional de estas demandas, promoviendo la gobernanza ambiental y territorial, pues estamos convencidas y convencidos de que la riqueza genuina de nuestro país debe medirse por su capacidad de construir una sociedad equitativa y resiliente, protegiendo todas las formas de vida, defendiendo el agua como un bien común, impulsando la economía campesina y fomentando actividades productivas compatibles con las capacidades de cada territorio.
Frente a un nuevo gobierno que promete desatender el valor de la naturaleza, los Verdes asumimos la responsabilidad histórica de ejercer un contrapeso técnico para asegurar que la defensa de la biodiversidad, la preservación y protección de la naturaleza siga siendo el eje innegociable de nuestro futuro y para que el país profundice su diálogo alrededor de la bioeconomía, los negocios verdes, entre otros.
Lina Quevedo López
Laura Vásquez Beltrán
Catalina Castiblanco Parra
- DANE. (2022). Pobreza multidimensional. Dane.Gov.Co.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional - Defensores de la Patria. (2026). PRESIDENTE 2026 -2030 PRIMERAS 13 PROPUESTAS PARA RECONSTRUIR LA PATRIA MILAGRO.
https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf - Más bosques. (2025). Colombia, Potencia en Biodiversidad: Retos y Acciones Urgentes. Masbosques Colombia.
https://masbosques.org/biodiversidad-en-colombia-retos-y-soluciones/ - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (s.f). Sistema General de Regalías.
https://www.minhacienda.gov.co/sgr - Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. (2019). Acuerdo de Escazú. Acuerdo regional para acceso a la información, la participación pública, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe.
https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/203_Acuerdo_Escazu.pdf
